En sus inicios el sector de energía eléctrica fue desarrollado completamente por el Estado, en gran medida por medio de la empresa estatal CEL -Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa-, la cual integraba verticalmente los eslabones de la cadena energética del sector y actuaba como entidad rectora del mismo, formulando las estrategias para su desarrollo; y, entre los años 1948 a 1996 ésta desarrolló una gran parte de la infraestructura utilizada para suministrar la energía eléctrica requerida en el país.

En la década de los años 90 se inició una reestructuración importante en el sector que alcanzaría su punto máximo en el año 1996, con la creación de la Ley General de Electricidad; la cual, moldeó el funcionamiento del sector hasta su forma actual.

Con la entrada en vigencia de dicha ley, se establecieron las bases y reglas para el funcionamiento de un mercado eléctrico basado en la libre competencia; esto dio paso a la privatización de las actividades de generación, distribución y comercialización de energía eléctrica; a la separación de las actividades de transmisión (que eran realizadas por la empresa estatal), creando para ello a ETESAL -Empresa Transmisora de El Salvador-, dejando así a la CEL únicamente las funciones de generación de energía hidroeléctrica. En adición, fueron creadas la SIGET (ente regulador del subsector) y la Unidad de Transacciones (ente operador del mercado mayorista de energía eléctrica); sin embargo, las labores de planificación energética de largo plazo no fueron consideradas en esta reestructuración.

En el sector de hidrocarburos, las actividades de importación, exportación, depósito, transporte, distribución y comercialización de productos del petróleo eran reguladas y vigiladas por el Estado a través del Ministerio de Economía, sin embargo, la explotación de estas actividades era, y continúa siendo, realizada por operadores privados.

Frente a esta situación, mediante el Decreto Legislativo No.404 del año 2007, fue decretada la Ley de Creación del Consejo Nacional de Energía -CNE-, con la finalidad de establecer la política y estrategia para promover el desarrollo eficiente del sector energético y así recuperar, entre otras, la función de planificación de largo plazo del Estado.

Fue hasta el año 2009 que el CNE inició su funcionamiento, y como primera acción se creó la Política Energética Nacional 2010-2024, la cual estableció la estrategia que el país siguió para afrontar los retos existentes en ese momento: una creciente demanda de energía, la necesidad de mejorar la calidad de vida de la población, una alta dependencia de los derivados de petróleo, el incremento de sus precios, un bajo crecimiento económico, la creciente toma de conciencia por el impacto del cambio climático y la necesidad de alcanzar un desarrollo humano digno.

A pesar de los logros alcanzados con la implementación de esa primera Política Energética, el panorama actual de desarrollo demanda soluciones de abastecimiento energético innovadoras y limpias que hagan frente a retos aún existentes en El Salvador (como la dependencia de los derivados de petróleo, por ejemplo) y a los nuevos retos que trae consigo la transformación energética i.e. la descentralización de las actividades de generación y comercialización de energía, la digitalización, la electrificación del consumo y la descarbonización de la economía; por supuesto, sin perder de vista las prioridades de desarrollo nacional de largo plazo, la soberanía energética y el impacto del cambio climático.